DESNUDANDO LA ERA ANTINARCOTICOS

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Desplazamiento forzado en Colombia

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CONSECUENCIAS DE LA HIPOCRITA ERA ANTINARCOTICOS

PUEBLO IMBECILIZADO
Por: Libardo García Gallego http://joligaga.blogspot.com
Por respeto a las personas el Maestro Carlos Gaviria Díaz se refiere con el eufemístico adjetivo “imbecilizado” a la mayoría de ese 85% ó más 90% de colombianos afectos incondicionales al gobierno de Alvaraco Urrifle Balas, a esos que no tienen “qué echarle a la olla”, de los estratos 1 y 2, pobretones, hambrientos, desocupados, mendigos, indigentes, analfabetas sociales, quienes son incapaces de comprender las causas de su miseria, bien por carencia de herramientas teóricas o porque la eficacia de la educación burguesa los tiene tan alienados que no alcanzan a vislumbrar un futuro en condiciones de justicia social, de igualdad y democracia, como lo está exigiendo desesperadamente el mundo actual. Otros menos cultos y más ordinarios decimos “pueblo de tarados, estúpidos, imbéciles, tontos, etc.”, aunque no por rebajar a las personas a la condición de brutalidad o animalidad sino para recordarles que la clase dominante, la de los ricos, la de la minoría plutocrática, la de los afortunados hijos de los “dueños” del país, le han impuesto a los de abajo, a los excluidos, a los esclavos modernos, su anticientífica interpretación del mundo físico y humano.

Y es que a quienes no han leído mas que la “Alegría de leer”, la “Coquito”, la “Cartilla Charry”, el “Catecismo del Padre Astete”, la “Santa Biblia”, etc., y han vivido bajo la única influencia de las opiniones pro burguesas, esparcidas profusamente por predicadores religiosos, periodistas de radio, prensa, televisión, revistas y altos funcionarios del gobierno, les resulta casi imposible mirar con otros ojos el espacio, el planeta y a su alrededor. ¿Qué puede esperarse de un pueblo que ignora las diversas maneras de interpretar la historia natural y social, de quienes ni siquiera han leído el Manifiesto Comunista?

La concepción de un mundo sometido a la ley de la competencia, como ”inexorable condición” para lograr el progreso social y personal, es lo que nos impide vernos como seres humanos convivientes, con igualdad de derechos y obligaciones. Algunos sostienen la imposibilidad de vivir en forma racional dizque porque existen muchos congéneres llenos de vicios: malignos, perezosos, envidiosos, vividores, incapaces, y que, en consecuencia, tenemos que vivir al estilo salvaje, tal cual lo explicara el naturalista Charles Darwin en su ley de la selección natural o de la supervivencia del más fuerte. De acuerdo con esta teoría la evolución natural está por encima de la racionalidad humana, como si ésta no fuese producto de aquélla. Visto así el ecosistema terrestre, lo lógico es que exista una cadena alimenticia humana donde las personas son simultáneamente depredadoras y depredadas, siendo las inferiores alimento de las superiores. De aquí parte la justificación de la existencia de unos países que viven a expensas de otros, de unas multinacionales que aplastan a las microempresas, de unos magnates o multimillonarios apoderados de los recursos con que muchísimos otros seres pudieran vivir dignamente. La ley del más fuerte es la que explica y justifica la existencia sin fin del sistema capitalista, donde unos pocos no sólo se engullen los recursos de los demás sino que imponen las normas de vida y las formas de pensar.

Lo anterior es lo que estamos padeciendo en Colombia con el beneplácito de los más débiles.
La oligarquía, encabezada por Alvaraco, terminó la tarea iniciada por el liberalismo, con César Gaviria al frente: la privatización de todas las empresas del Estado Colombiano; acabó de entregar a las multinacionales y a unos pocos nacionales lo que nos quedaba de patrimonio social; redujo a cero las conquistas laborales, conseguidas durante decenios mediante la lucha de los trabajadores; a los empresarios les amplió las facilidades de extracción de plusvalía a fin de que fuesen más competitivos en el mercado global. Todo esto lo ha logrado gracias a que ha convencido al populacho, a los esclavos modernos, de la posibilidad de alcanzar una vida mejor mediante la normatividad burguesa, tapándoles la boca con indignas migajas epulónicas y haciéndoles creer que los culpables de su pobreza son las guerrillas revolucionarias, las mismas que nacieron y perduran debido a la sempiterna ausencia de verdadera democracia y de justicia social. Y por si fuera poco, el gamonal impuso desde la cima estatal la falsa moral que justifica cualquier medio para obtener sus fines protervos: pago a los sapos, a los traidores, a los masacradotes.

El, depositario de la verdad, quiere perpetuarse en la Presidencia para consolidar el proyecto hegemónico de la burguesía colombiana, inspirado por y construido en compañía de la más intransigente, mezquina y ultra reaccionaria burguesía internacional, en especial la de Estados Unidos, a cuya cabeza está el invasor y sanguinario Bush. Ese perverso proyecto que eliminará a los pobres pero no las causas de la pobreza, pretende, además, convertir a Colombia en colonia de Norteamérica, al estilo Puerto Rico pero más Pobre.

Seguiremos interpretando este mundo con los ojos del humanismo científico.

alguna de las acciones del gobierno Uribista

Un crimen cultural
La política agraria del ministro Arias consiste en que Colombia no
produzca alimentos, sino que los importe.
Por Antonio Caballero
Fecha: 07/26/2008 -1369

El ministro Andrés Felipe Arias parece empeñado en destruir el sector
a su cargo, que es el agro colombiano. Lo de Carimagua fue un ejemplo
elocuente: se empeñó en no entregar las tierras a los desplazados del
campo, como lo disponía la ley, dándoselas en cambio a unos
agroempresarios amigos con respaldo financiero. Cuando se alzó el
escándalo, se las pasó a la semiprivatizada Ecopetrol para que, con
mano de obra de desplazados, produzca agrocombustibles. Los cuales,
según Arias, se exportarán, y generarán las divisas necesarias para
importar los alimentos que ya no se producen aquí.

Para el ministro, en el campo colombiano sobra gente, y falta gran
capital para la agroindustria. Así lo acaba de reiterar con un par de
decretos de índole, según él, sanitaria, que prohíben la venta de
leche cruda, los mataderos municipales y los trapiches paneleros.
Varios cientos de miles de pequeños productores de panela, de
matarifes y carniceros en los pueblos, de ganaderos dueños de hatos
lecheros no tecnificados, de fabricantes y vendedores de pandeyucas y
de quesillos en las carreteras, se quedarán de un tajo sin medios de
subsistencia. Con ello se dará paso a las grandes pasteurizadoras, a
los mataderos industriales y a los ingenios azucareros monopólicos. Y,
sobre todo, a la importación. ¿Qué pasará con esas nuevas legiones de
desempleados? Problema suyo. Irán a los semáforos. O a aumentar el pie
de fuerza del Ejército y la Policía, que en tales circunstancias irán
siendo más y más necesarios. Tal incremento del pie de fuerza se
pagará con las divisas generadas por… etcétera.

Ya el senador Jorge Enrique Robledo hizo trizas al ministro Arias en
un debate en el Senado, señalando las consecuencias catastróficas de
su política con tal contundencia que hasta las mayorías uribistas de
la Comisión Quinta (la de asuntos agropecuarios) pidieron el retiro de
los decretos, falazmente justificados en motivos de salubridad
pública. En un país en el que el 90 por ciento de las poblaciones
carece de agua potable no se pueden cumplir las normas sanitarias que
fijan los decretos del ministro, que, como observa Robledo, no se
ciñen a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sino a las exigencias de la organización Mundial del Comercio,
que inspiran los compromisos con el TLC firmado con los Estados
unidos.

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No voy a repetir aquí los argumentos sociales y económicos de Robledo.
Me voy a referir al aspecto de crimen cultural de la política del
ministro. Porque la cultura, para empezar, son las cosas de comer. El
hombre es lo que come.

No sé qué coma el ministro. A juzgar por su aspecto rosadito de bebé
para anuncios de pañales higiénicos se diría alimentado exclusivamente
con yogur merengado al perfume de frambuesa. Pero a lo mejor come
también, digamos, platos típicos de su tierra antioqueña: esos mismos
que acaba de condenar a muerte con sus decretazos contra los mataderos
de pueblo, los trapiches paneleros y los pequeños lecheros de crudo.
Ni los chorizos y las morcillas, ni el chicharrón, ni la pezuña se
pueden importar debidamente pasteurizados, homogenizados,
refrigerados, esterilizados, bien empacados en plástico o envasados en
lata, por muchas divisas procedentes de la exportación de
biocombustibles que se tengan (y aun suponiendo que tales divisas no
se inviertan más bien en condominios en Miami, como ha solido suceder
con otras agroindustrias de exportación). Y tampoco se pueden importar
el suero costeño ni las empanadas caucanas de pipián, ni el friche
guajiro, ni las melcochas y los alfandoques boyacenses, ni los quesos
campesinos de medio país, ni las brevas con arequipe de Bogotá, ni los
champús de lulo del Valle. Ni las hormigas culonas santandereanas: no
serán producidas en un trapiche de bueyes ni ordeñadas de una vaca
blanca orejinegra, pero se crían nada menos que en el cementerio de
Bucaramanga: así que hábleme usted de normas sanitarias y de higiene
impuestas por la OMC. Es toda la comida tradicional colombiana la que
Arias acaba de prohibir.

Todo eso será sustituido por alimentos de importación. Que a su vez ya
no serán distribuidos en las tradicionales plazas de mercado, donde
las cosas se venden crudas y sin fecha de vencimiento, sino en
supermercados de grandes superficies (cada cual con su sitio de
Internet destinado a llenar la plantilla única de salud del ministerio
de Protección social) de cadenas multinacionales.

En eso consiste la política agraria del ministro Arias: en que
Colombia no produzca alimentos, sino que los importe. Lo único que
quedará en el campo colombiano, además de la palma africana para
biocombustibles de los amigos del ministro, serán los cultivos de
coca; los únicos que han aumentado en productividad y en extensión
bajo este gobierno, y también los únicos que a pesar de que son
tratados únicamente con glifosfato, no encuentran barreras
fitosanitarias para la exportación.

150 organizaciones piden la retirada del Premio Cortes de Cádiz a la Libertad a Álvaro Uribe

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), junto a 150 organizaciones más, ha entregado hoy en el registro municipal del Ayuntamiento una carta pidiendo a la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), que retire el Premio Cortes de Cádiz a las Libertades al presidente colombiano, Álvaro Uribe.

El presidente de la APDHA, Rafael Lara, ha explicado a los periodistas que la entrega del documento, en el que se incluyen cientos de firmas ciudadanas y un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia y las “responsabilidades” del Gobierno en la violación de los mismos, forma parte de una acción “cívica” de protesta por un premio que creen “inmerecido” y “profundamente injusto”.

Según los firmantes del documento, unas 150 organizaciones no solo españolas “sino muchas colombianas”, se oponen a este galardón, que “denigra al propio premio” llamado ‘Cortes de Cádiz: A las libertades’, porque Uribe “es casi un dictador capaz de manipular al Parlamento para intentar perpetuarse en el poder”. Rafael Lara ha recordado que la “familia” del presidente colombiano “y buena parte de su partido político está encausado por corrupción y es un señor que ha permitido a los paramilitares y al propio Ejército matar a miles de personas”.

A juicio de los firmantes -entre los que se encuentran la Asamblea Internacional por la Paz de Colombia; la Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa o Mujeres por La Paz de Madrid- el presidente colombiano “no es un buen ejemplo de democracia, libertades y derechos humanos en América Latina”.
Consideran igualmente que habría “miles” de personas merecedoras del premio en toda América Latina y la propia Colombia “luchadoras, honestas, éticas y a favor de la gente del pueblo”. El presidente de la APDHA ha deseado que el equipo de gobierno municipal sea “sensible” a esta petición y retire la concesión del premio a Uribe. De lo contrario, han advertido que continuarán llevando a cabo acciones cívicas “hasta el momento de dar el premio, haciendo la voz de la sociedad civil y protestando por este premio porque debería retirarse”.

El pasado 9 de enero el Ayuntamiento gaditano daba a conocer la concesión al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, del I premio ‘A la libertad Cortes de Cádiz’, que concede el consistorio en el marco de los Premios Cortes de Cádiz, tras reconocer el jurado, por unanimidad, “su labor constante contra el terrorismo”. El jurado acordó ofrecer dicho Premio en 2009 al presidente de la República de Colombia “por sus esfuerzos en pro de la libertad y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian, privando de su legítimo derecho a la misma a todas aquellas personas secuestradas por grupos, denominados terroristas, a las que han estado manteniendo prisioneras durante años privándolas de su libertad y de vivir con sus seres queridos”.

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Written by edgarjaramillo

julio 17, 2008 a 6:53 pm

Publicado en Uncategorized

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