DESNUDANDO LA ERA ANTINARCOTICOS

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CARTA ABIERTA DE UN COLOMBIANO AL PUEBLO NORTEAMERICANO

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CARTA ABIERTA AL PUEBLO NORTEAMERICANO

Nosotros los colombianos
queremos ser educados
queremos ser instruidos
queremos trabajar
queremos respetar la vida
queremos amar
queremos estimar la familia
queremos compartir la existencia

pero que encontramos de Uds. los norteamericanos
una cultura que nos impone la violencia, como forma de vida
una cultura que nos hace vivir en la barbarie a traves de las leyes que imponeis
una cultura que nos educa en la represión , bajo una engaño seudomoral
una cultura que impone en el mundo la intolerancia, bajo la estrategia de la “ley antinarcoticos”

¿Acaso el prohibicionismo de lo que vosotros queréis consumir no afecta nuestra iletrada sociedad colombiana?

¿Acaso no vivisteis los resultados de esta imposición de intolerancia ?

¿Acaso no sucumbisteis bajo esa legislación puritanista en la década de los años 20?. Recuerda vuestros mafiosos y degenerados años creados por tu ley “la ley seca”?

¿acaso vuestro arte popular, el cine y la televisión,video juegos, no nos condiciona para ello?

¿Qué razón tan mezquina tenéis cuando le colocáis cargas pesadas a pueblos débiles como Colombia, que vosotros no pudisteis soportar?

¿Acaso te han segado los momentos de poder, que la evolución te da como a tantos imperios tiránicos. cuyo única herencia es su macabra remembranza?

¿Qué cristianismo tan obcecado y decadente te incita a ver tu caminar por esas represivas manifestaciones de intolerancia ?

¿Qué cultura de barbarie te incita a ser el poder hipócrita y fariseo del presente?

Vuestros lideres frutos del mas tecnificado maquiavelismo han decantado la decadencia tercermundista …..y a través de hacernos creer que el prohibicionismo sobre las llamadas drogas es la política acertada , que se impone con vuestro consentimiento, hace generar en pueblos latinos los años degenerados que vivisteis cuando le creísteis a vuestros puritanistas cristianos legisladores de los años 20.

Hoy mi pueblo Colombia vive esta terrible era , es vuestra su creación

Culpa de vuestra crueldad cristiana, no cave la menor duda de vuestra responsabilidad espiritual en estos aterradores y demenciales episodios que mis compatriotas sufren

Que vil espíritu te lleva a suponer que no serás juzgado con la misma vara que un día la humanidad juzgo a los nazis alemanes cuya estrategia política consistió en ilegalizar a los judíos ,

Hoy convencidos Uds., de que bastaría anteponer un producto de fácil manipulación moralista como los sicotropicos, podrías hacer indefinidamente la maniobra de ilegalizar a ultranzas la cultura colombiana y latina …… ¿no es esa una forma de encubrir vuestra razista sociedad para vuestros mezquinos asuntos con que manipulais el asunto migratorio?

Equivocado estáis, retrogrado poder puritanista, vuestro fundamentalismo cristiano, solo demuestra que es lado mas oscuro de esta doctrina, que al menor asomo de poder ciega a sus seguidores y mandatarios, para haceros a todos unas bestias humanas amparados en el uso de las armas , solo eso

Para seguir como siempre lo han hecho, generando la oscura noche de guerras que el occidente a parido desde sus inicios el cristianismo creando mas y mas tecnologia para exterminios masivos , no norteamericanos no es esa la norteamerica que esperamos de uds

Engañáis como siempre, a los pueblos con el disfraz justicia y buenas costumbres ….así lo dijisteis cuando institucionalizaste la quema de los y las que tildaste de herejes ……..recordemos otras ejecuciones cristianas :

Justificasteis la esclavitud de los negros, cuando engañasteis los pueblos haciéndoles creer que esa era la voluntad divina

Arrebatasteis tierras ajenas sin ningún escrúpulo con el truco de que era la tierra prometida, remembranza de vuestras asesinas cruzadas

Ahora imponéis la narcoguerra a mi pueblo como cultura absoluta y este pueblo, como masa ignorante que lo es, la acepta para caer en la compra de muchas, muchas tecnologías de aniquilamiento militar que vosotros fabricáis a montones sin ningun escrupulo dentro de tu moral puritanista

Será histórica la culpa de estos crímenes sobre los nativos , será sobre tu pueblo y sus descendientes que caerá la responsabilidad de todas estas victimas sacrificadas ante la insolencia de vuestra hipócrita moral-mercantilista intolerante con un cinismo maqueavelico

Pues mucha es la culpa de quienes teniéndolo todo, cual es tu pueblo hacen y construyen científicamente las variables que irremediablemente generan en el mío y gran parte del mundo subdesarrollado, las condiciones de decadencia que los lleva a ser los que hoy es el terrible presente de la Colombia suramericana

Cuyos hijos en ves de estudiar para la vida, son educados en el arte de matar, que vosotros le proporcionáis dentro de un imaginario militar y policiaco, al compás de los acordes de la intolerancia puritanista cristiana y que irremediablemente nos lleva a la degeneración ya vivida en los años 20

Macabra ironía para la cristiandad occidental e histórico recordatorio de que no difiere de otros primarios intentos espirituales de sostener imperios decadentes.

¿Acaso no veis que esta legislación puritanista la “ley antinarcoticos” es el fermento de la degeneración en nuestro pueblo y muchos otros pueblos incluyendo el tuyo?

Vendrán inteligencias superiores a la vuestra a las que no podréis engañar y tarde será el momento de vuestro arrepentimiento, pues en ese momento sabrás que no erais el pueblo elegido por Dios, como vuestros pastores cristianos engañados engañan a vuestra colectividad para justificar la demencial ERA ANTINARCOTICOS

Quedara al desnudo toda la ignominia o la inmoralidad de lo que hoy creéis e imponéis como justicia universalizada embriagados por el poder de la técnica destructiva que esta en vuestras manos , tecnica que deslumbra a nustras colectividades cuyo temos se combierte en sumision incondicional

Veréis en tus manos la sangre derramada de millones de inocentes tercermundistas asesinados y sacrificados por culpa vuestra, evidentemente emanada de la cultura puritanista cristiana quien lidera el caminar de las politicas que imponeis al resto del mundo bajo un aztuto disfraz .

Esta inteligencia superior a la vuestra, a la que no tendrás oportunidad de aniquilar, hoz juzgara para siempre, pues así ,como para siempre han quedado manchada la cultura alemana en las memorias cósmicas de la conciencia planetaria, así para siempre, quedara tu pueblo manchado, por la responsabilidad espiritual y moral de imponerle al mundo subdesarrollado, tu visión puritanista cristiana represiva , sobre la manera de afrontar el problema del consumo de sicotropicos que vosotros mismos has generado, como moda lúdica y el mismo prohibicionismo autopublicita y aumenta en los jóvenes el deseo de consumir

Le mentís a vuestro pueblo cuando argumentáis que estáis interesado en que no consuman , pues como maestro de maestros de publicidad sabéis muy bien que la prohibición es la mejor publicidad para cualquier producto , sabiendo de antemano esto, con que cinismo engañáis pues a vuestros ingenuos ciudadanos, que creen en tus argumentos , bestia despreciable, tus días están contados en el tiempo universal , tu enorme poder no te salvara porque de tu mismos hijos saldrá quien te ajusticie, sin que ninguno de los nuestros tenga velas en el asunto . y cuando eso sea, sabrán que fuisteis tu el origen de la mafia y del vicio que carcome tus cimientos y de muchisimasmas artimañas para generar el caos que antecede a la venta de tus porquerias de armas y sistemas de seguridad que solo son nesesarias cuando el caos social reina

Edgar Augusto Jaramillo Moreno

Written by edgarjaramillo

junio 29, 2009 at 9:00 pm

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LA VERDADERA HISTORIA DE LA MARIHUANA

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MIREN ESTE VIDEO

LA VERDADERA HISTORIA DE LA MARIHUANA

ES UN DOCUMENTO VISUAL MUY IMPORTANTE , NO LO DEJEN DE VER
AUNQUE ESTA EN ITALIANO SE PUEDE ENTENDER

tambien esta este video de Terence Mckenna
documento importante para ir aclararando el porque el “asunto prohibido” y sus intereses en quienes ostentan el oscuro poder que sostiene este brutal desequilibrio social, creado a partir de la moral imperante

eo

Written by edgarjaramillo

junio 20, 2009 at 6:11 am

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El lado oscuro del Plan Colombia

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El lado oscuro del Plan Colombia

Por Teo Ballvé* | 4 de Junio de 2009 | Enviar por Correo | Imprimir

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico a través del el Plan Colombia. Pero mientras entrega apoyo militar y financiero para terminar con los cultivos de coca, esta exhaustiva e impactante investigación revela que parte del dinero que busca fomentar siembras alternativas fue entregado a empresas productoras de palma ligadas a presuntos narcotraficantes y paramilitares. Los mismos que por años aterrorizaron a los campesinos, asesinando y saqueando sus tierras para después arrebatárselas y cultivar allí miles de hectáreas de palma que funcionaron como una buena pantalla del lavado de dinero.

El 14 de mayo pasado, la Fiscalía General de Colombia discretamente convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de cultivo de palma de aceite ubicada en Simití, un pueblo en el norte del país. Como parte de un programa de reparación de víctimas de la violencia, un confeso narcotraficante y jefe paramilitar conocido como “Macaco” había entregado al gobierno los bienes de la cooperativa, que según él son suyos.

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los más sangrientos comandantes paramilitares de la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y sus hombres son también en gran parte responsables de haber convertido a 4,3 millones de colombianos en refugiados internos, la población de desplazados más grande del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo”. Sigue esperando su juicio en una cárcel de Washington D.C.

Macaco se entregó a las autoridades a fines de 2005, respondiendo a la propuesta de amnistía del gobierno. La desmovilización de los jefes paramilitares requería la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellas tierras que arrebataron a través del violento desalojo de sus propietarios. Macaco ofreció los bienes de Coproagrosur como parte del trato.

Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco"Pero el aviso publicado por la Fiscalía no menciona que Coproagrosur recibió una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en 2004. La donación –pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda para combatir el narcotráfico– parece haber puesto dólares de la guerra contra la droga en manos de un conocido paramilitar y narcotraficante. Como los paramilitares colombianos están en la lista de organizaciones extranjeras terroristas del Departamento de Estado, la donación podría constituir una posible violación de las leyes federales de Estados Unidos. Pero los procesos de chequeo interno de USAID “no fallaron”, de acuerdo a la respuesta oficial de la embajada estadounidense en Bogotá. Y ello porque Macaco no aparecía oficialmente entre los socios de Coproagrosur.

Desde el 2002, el Plan Colombia autorizó cerca de US$ 75 millones anuales para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de palma de aceite. Dichos programas entregan fondos para convenios entre empresarios agroindustriales y campesinos con el objeto de alejarlos de los cultivos ilícitos (la coca entre ellos). La mayoría de estos proyectos de desarrollo están concentrados en el norte de Colombia, que fue el epicentro de desplazamientos masivos de campesinos.

Funcionarios de USAID dicen que estos proyectos ofrecen una alternativa a la violencia asociada a las drogas en un país que carga con las llagas abiertas del conflicto armado. Insisten en que esa agencia vigila atentamente para detectar actividades ilegales y no ha recompensado a quienes cultivan tierras robadas. Pero un estudio de los documentos internos de USAID, escrituras de las compañías y reportes de prensa, genera serias dudas sobre la vigilancia que ejerce la agencia sobre los postulantes, en particular, sobre su habilidad para detectar conexiones con narco-paramilitares, crímenes violentos y tomas ilegales de tierras.

Además de los US$ 161.000 entregados a Coproagrosur, USAID también otorgó US$ 650.000 a Gradesa, una empresa palmicultora que tiene a dos miembros de su junta directiva investigados por narcotráfico y vínculos con paramilitares. Una tercera compañía del rubro, Urapalma, también acusada por su relación con paramilitares, casi recibió la aprobación de una donación antes de que su solicitud fracasara por falta de documentos. Los críticos dicen que la contradicción de dichas donaciones perjudican la misión antidroga del Plan Colombia.

“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas al mismo tiempo que entrega fondos para apoyar el cultivo de palma, que es usado por las mafias paramilitares para lavar dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, un abierto crítico de la industria palmífera. “Estados Unidos está implícitamente subsidiando a los narcotraficantes”.

El impacto más agudo de los proyectos palmicultores patrocinados por paramilitares y narcotraficantes se encuentra en el departamento del Chocó. El boom de la palma en esa región enfrenta a campesinos pobres contra un aglomerado de fuerzas poderosas, incluyendo el Ejército, narco-paramilitares, y ejecutivos palmicultores con fácil acceso a las aulas del poder. La formula funcionó con simple brutalidad: mientras los campesinos huían de incursiones conjuntas entre paramilitares y fuerzas estatales, entraban los palmicultores arrebatando las tierras abandonadas para sembrar palma aceitera, una de las fuentes más rentables de biocombustibles.

El despojo y el boom de los biocombustibles

El viejo campesino seguía al brigadier general Pauxelino Latorre por un oscuro laberinto de corredores de cemento en el batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército en Carepa, un pueblo en el extremo noroeste de Colombia. Pasaban por cuartos agudamente iluminados por grandes ventanales con vista a las plataneras que rodean el batallón. Soldados daban un tieso saludo mientras el general pasaba a toda máquina. El campesino -Enrique Petro, un hombre pobre y con casi 70 años- arrastraba lo pies detrás del general, tratando de no cruzar su mirada con la de los soldados.

Petro estaba comprensiblemente ansioso. Investigaciones criminales habían ligado repetidamente a la Decimoséptima Brigada con los grupos paramilitares que habían asesinado brutalmente a miles de personas, incluyendo a su hermano y a su hijo adolescente. A medida que se adentraba en el cuartel, Petro se empezó a preocupar aún más. Latorre abrió una puerta hacia un cuarto al final de la base, donde Javier Daza, en esa época gerente de Urapalma, esperaba. En el encuentro que siguió, Daza y el general dominaron la conversación.

Era agosto de 2004. Unos pocos días antes, Petro se había quejado ante el general de que Urapalma estaba sembrando palma en tierras que los paramilitares le habían robado en 1997, en el casi contiguo departamento del Chocó. Como respuesta, el general le sugirió una reunión en la base. Y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, aceptó. Al final de breve encuentro -dice Petro-, Daza y Latorre lo intimidaron para que validara legalmente la incautación de sus tierras. Con la firma de Latorre como testigo del contrato, Petro perdió 85% de su finca de 150 hectáreas. Casi cinco años después, aún no recibe el magro pago que le ofrecieron.

Petro es uno de los afortunados: aún está vivo. De acuerdo a reportes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, Urapalma ha obtenido ilegalmente más de 5.654 hectáreas de densas tierras tropicales en el Chocó, incautadas con la ayuda de personas como Latorre y sus colaboradores paramilitares.

Latorre fue alumno de la Escuela de las Américas -la academia de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos para los militares latinoamericanos-, fue imputado el año pasado de haber lavado millones de narco-dólares para un grupo paramilitar y los fiscales están investigando sus actividades a la cabeza de la Decimoséptima Brigada. Otro general, Rito Alejo del Río, quien lideró la brigada en la época del desalojo de Petro, está preso por cargos de colaboración con paramilitares. Él también fue entrenado en la Escuela de las Américas.

Reportes gubernamentales, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos muestran que narco-paramilitares –a menudo en cooperación con el ejército financiado por EE.UU.- forzaron el desplazamiento de miles de campesinos del Chocó a fines de los años ’90, matando a más de un centenar. Desde 2001, Urapalma y una docena de otras compañías palmíferas se han tomado al menos 22.000 hectáreas de tierras abandonadas en el Chocó. Como las de Petro. La mayor parte eran propiedades colectivas de campesinos afro-colombianos.

En 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe, invocando los pujantes mercados de alimentos y biocombustibles, hizo un llamado al país para aumentar la producción de palma desde 300.000 hectáreas a 6 millones de hectáreas. Los críticos argumentan que la expansión palmífera en muchas regiones exhibe patrones de narcotráfico, paramilitarismo y violencia similar a la del Chocó, incluyendo masacres y desplazamientos forzosos. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere reveló violentos crímenes relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones distintas, todas las cuales caen dentro de la iniciativa de Uribe. Casi todas esas regiones han sido también objetivo del apoyo de USAID para el cultivo de palma.

La agencia estadounidense administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde el enorme edificio tipo bunker de la embajada estadounidense, ubicada en una de las principales avenidas de Bogotá. Entre los cultivos que reciben apoyo financiero, la palma de aceite o palma africana es uno de los pocos cuya rentabilidad es eventualmente comparable con la de la coca. Desde 2003 los contratos de desarrollo alternativo de USAID han entregado cerca de US$ 20 millones para proyectos agroindustriales de palma a lo largo del país.

Casi la mitad de la palma producida en Colombia es exportada, la mayor parte a Europa, pero también a Estados Unidos y algunos países de América Latina. El gobierno tiene ahora sus ojos fijos en el tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, cuya aprobación en el Congreso en Washington –vista como posible con el explícito apoyo del Presidente Obama- permitirá a la palma colombiana entrar a Estados Unidos sin aranceles. A pesar de que el aceite de palma es destinado a docenas de productos comerciales, Colombia está apostando al mercado del biodiesel.

“Estamos en vísperas de iniciar otro gran desarrollo energético a partir de la palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005 cuando anunció la iniciativa. El país duplicó su superficie plantada de palma desde 2001, el año en que Colombia se convirtió en el cuarto exportador del mundo y el año en que las compañías llegaron al Chocó.

Grupos de derechos humanos han acusado durante largo tiempo a compañías palmicultoras en Colombia –a Urapalma en particular- de cultivar en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la federación nacional de productores de palma, dice que esos cargos son muy exagerados. Mesa se queja de que las compañías del Chocó, las cuales no son miembros de la federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a toda la industria.

No obstante, la bancada afro-americana del Congreso de Estados Unidos ha expresado frecuentemente a la administración Uribe su preocupación por la industria de la palma, que está concentrada en áreas con gran población afro-colombiana. Inquieto por que el Congreso estadounidense pueda retener los fondos del Plan Colombia o bloquear el acuerdo de libre comercio, el gobierno colombiano ha empezado a tomar las acusaciones más seriamente.

A fines de 2007, el fiscal general Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que 23 compañías palmicultoras en el Chocó, incluyendo Urapalma, trabajaron con los paramilitares para incautar tierras a comunidades. Por la misma época, el senador estadounidense Patrick Leahy incluyó una indicación a la ley que entrega los fondos del Plan Colombia, en la que se prohíbe el financiamiento de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzoso de habitantes locales”. El Congreso de EE.UU. debatirá pronto el financiamiento del Plan Colombia para el 2010, en el primer desembolso de fondos hacia el extranjero diseñado por la administración Obama. En el actual borrador del proyecto, la indicación de Leahy está marcada para ser borrada.

Sean Jones, quien hasta mediados de mayo fue el director para desarrollo alternativo de USAID en Colombia, reconoce que la industria de palma de aceite en Colombia tiene “dos caras”. Una es la de aquellas compañías que cumplen la ley, pero “también está la cara fea de la palma africana, donde hay algunos jugadores realmente sucios”.

Los paramilitares y La Violencia

Incluso en Colombia, con su riqueza geográfica y diversidad cultural, el departamento selvático del Chocó es considerado exótico. La selva tropical del Chocó, ubicado en la esquina noroeste del país, donde Sudamérica limita con Panamá, está entre aquellas con mayor biodiversidad del planeta. Pero muchos colombianos aún la ven como un rezagado reducto de violencia. Lluvias torrenciales alimentan sus hileras de bajas montañas que irrigan cientos de ríos y ciénagas que se extienden como venas a lo largo del paisaje. Muchos de estos cursos de agua terminan en el largo río Atrato, que serpentea por la selva hacia el norte hasta que su delta desemboca en el golfo del Caribe. Los lugareños llaman Urabá a esta zona.

Los campesinos del Urabá más afectados por el negocio de la palma viven cerca de dos exuberantes tributarios: las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la agencia gubernamental que administra las tierras rurales, Incoder, entregó títulos colectivos por 101.000 hectáreas a descendientes de comunidades de esclavos negros, que de acuerdo a la Constitución de Colombia, tienen los mismos derechos territoriales que los indígenas.

Mario Iguarán Arana, Fiscal GeneralPero el gobierno, en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, también ha bautizado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Un campesino expresó los sentimientos locales sobre el marketing gubernamental: “Le dicen ‘la mejor esquina,’ pero si uno apenas levanta ese telón encuentra cosas horribles”. En los últimos años, las compañías palmicultoras han ocupado más del 20% de estas ancestrales tierras que limitan con ambos ríos, correspondientes a la zona más habitable y viable agrícolamente.

A fines de los ’80, esta parte de Colombia se transformó en base de grupos paramilitares o “paras” fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, quienes venían de las filas del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaños recibieron un generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares. Colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia del Ejército contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que un reporte de 2001 de Human Rights Watch se refiere a ellos como la “sexta división” del Ejército. Alimentados por un ferviente anticomunismo, los señores de la guerra -como los Castaño- mataron salvajemente a miles de inocentes acusados de simpatizar con la guerrilla.

Hacia mediados de los ’90, los informes de derechos humanos mostraron que los paras habían reorientado su violencia hacia fines económicos: tomando tierras y negocios, eliminando oponentes y protegiendo su actividad más lucrativa, el narcotráfico. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en los indiscutidos sultanes de la cocaína, ganándose importantes puestos en las listas de los más buscados del gobierno estadounidense. Los señores de la guerra iniciaron una sangrienta marcha hacia Urabá.

Primero aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla de marcharse y los pueblos se llenaron de graffiti de paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de los vecinos de Enrique Petro, recuerda que en los meses previos al arribo de los paras, en la comunidad corrían rumores de que venían los mochacabezas, en referencia a la forma en que los paramilitares desmembrarían los cuerpos de sus víctimas. Los paras usaban machetes para descuartizar los cadáveres y dentro del torso vaciado colocaban los miembros y la cabeza de sus víctimas. La espantosa práctica tenía una función práctica: el no tener que cavar fosas profundas. Otros de estos “cadáveres” simplemente se tiraban a la omnipresente corriente opaca de los ríos.

Cuando los paras finalmente llegaron, asesinaron al padre de Tuberquia mientras pastoreaba su ganado. “Lo mataron así desde lejos, a punta de bala, como corriendo atrás de él”, dice Tuberquia mientras fija su mirada en los árboles de palma con ojos inexpresivos:

-A mi papá nunca le pudimos dar un entierro, entonces quedó por ahí debajo de toda esa palma.

En octubre de 1996, los paras tuvieron un macabro aterrizaje en Chocó, con el asesinato de ochos campesinos en el pequeño pueblo de Brisas, a la orilla del río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Jesús Artiaga, otro vecino campesino de Petro, estuvo en Brisas el día de la matanza, en la cual dice que también participaron unidades de la Decimoséptima Brigada. El pueblo estaba lleno de gente por un torneo de fútbol. “Llegaron echando plomo. Tiroteando por todos lados diciendo ‘¡todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo’!”. Un sol ardiente picaba a los cuerpos inmóviles acostados bocabajo en el cemento de la plaza central. Unos paras armados hasta los dientes arrastraban el contrafilo de sus machetes por las espaldas de los campesinos tendidos en el piso. Unas horas después escogieron a seis hombres de la multitud y los fusilaron ahí mismo. Mientras se iban, mataron a otros dos tirando sus cuerpos lánguidos por el borde de un puente.

Lo que siguió fue un crescendo de terror simplemente llamado por los campesinos como “La Violencia”. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año por un apoyo estadounidense de US$ 87 millones, hicieron equipo con su “sexta división” para batir el norte del Chocó. Helicópteros del Ejército y aviones de combate lanzaron bombas y fuego de alto calibre contra las comunidades selváticas, mientras los paras “limpiaban” a su paso. Militares y paramilitares instalaron retenes –muchos a pocos metros del otro bando– en todas las rutas. Los grupos internacionales de derechos humanos documentaron masacres, tortura, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares cerraron el año con el asesinato de treinta y un campesinos en el pueblo de Buena Vista la semana antes de Navidad.

De acuerdo a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, la ofensiva de 1997 forzó el desplazamiento de unas 17.000 personas desde sus tierras. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, 140 campesinos fueron reportados muertos o desaparecidos, casi todos por soldados y paramilitares. En esa época, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por “La Violencia”, uno de ellos asesinado por las FARC. Los paramilitares le advirtieron repetidamente que lo matarían si no dejaba sus tierras. Intentó quedarse, pero cuando otro de sus hijos se quiso ir, Petro decidió abandonar su tierra.

“Ellos decían que iban hacer una limpieza de la guerrilla”, recuerda Petro. “Hicieron una limpieza, pero de nosotros los campesinos. Nos sacaron a todos”. En entrevistas, los campesinos que sobrevivieron al desplazamiento forzoso dicen que cuando empezó “La Violencia” los paramilitares llegaban a sus fincas con una escalofriante oferta: “O nos vende o negociamos con la viuda”.

Gustavo PetroPara el 2001, cuando los paras anunciaron el control definitivo de Urabá, Petro y otros campesinos ya se habían dispersado. Algunos seguían escondidos bajo el tapiz de la selva; otros habían abandonado definitivamente el Chocó. Pese a que los paras les advirtieron que no visitaran sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que esas tierras estaban siendo sembradas de palmas.

Gustavo Duncan, analista de seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá, dice que el giro de los paramilitares hacia la palma fue una decisión de negocios lógica: “Es un cultivo que contribuye al control territorial y que permite invertir el capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. De acuerdo a la declaración de un ex empleado de Urapalma que cooperó con la investigación de la Fiscalía, el principal puente entre los Castaño y los inversionistas fue Hernán Gómez, uno de los mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual presidenta de Urapalma. La declaración asegura que Gómez, quien no devolvió los múltiples llamados hechos a su casa, ayudó a los Castaño a reclutar a narcos ricos y con experiencia en el cultivo de palma para invertir en Urapalma.

En una entrevista en 2005, Vicente Castaño admitió con orgullo: “En Urabá tenemos [los paras] cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”.

Cuando los campesinos empezaron a retornar a sus hogares después de 2001, encontraron a sus campos arrasados y plantados con plántulas de palmas. Compañías como Urapalma habían puesto letreros con grandes letras: Propiedad Privada. La permanente presencia paramilitar aterrorizaba la zona.

Petro pasó cinco años sin ver sus tierras, refugiado en el pueblo cercano de Bajirá. Volvió recién en 2002 a un panorama devastador: “Perdí todo el trabajo de mi juventud,” dice Petro. Recita un lista que aparentemente se sabe de memoria: “Yo tenía por lo menos 110 vacas, yo tenía 20 carneras, tenía nueve bestias, mi esposa muchas gallinas…”

Urapalma arrasó su potrero para sembrar palma. Cuando volvió para nuevamente sacar a su finca adelante, el miedo no desapareció: “Me puse a trabajar y después de trabajar un año vinieron los paramilitares aquí a matarme y ahí fue que me dejaron esos escritos”. Él se había ido al pueblo esa mañana así que se salvó. Pero cuando volvió, se encontró con una casa saqueada y casi destruida, llena de graffiti de eslóganes del bloque paramilitar que controlaba la zona. Los mensajes amenazantes todavía se ven en las paredes de su casa destartalada.

USAID y la palma

Tres meses después de que los paras saquearan la casa de Petro, Urapalma envió su solicitud de financiamiento a las oficinas en Bogotá de ARD Inc., un contratista de desarrollo con 30 años de experiencia y sede en Burlington, Vermont, además de oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en asuntos ambientales y participación local en el gobierno”. USAID, una gran fuente de recursos para ARD, tiene US$ 330 millones en contratos activos con la compañía.

En enero de 2003, ARD empezó a administrar US$ 41,5 millones para el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) de USAID. Urapalma fue una de las primeras compañías en enviar una solicitud. La empresa ligada a Macaco, Coproagrosur, recibió su donación de US$ 161.000 el año siguiente (un tercio del monto fue devuelto sin ser gastado). Los reportes trimestrales de ARD muestran que Urapalma pidió financiamiento por US$ 700.000 para cubrir la plantación de 1.500 hectáreas en Urabá, el epicentro de las tierras robadas. La solicitud inició su camino dentro del proceso de ARD.

Representantes de USAID se refieren al proyecto propuesto por Urapalma como una “alianza estratégica” y normalmente llaman a este tipo de iniciativas como “lideradas por la comunidad”. Un funcionario de la embajada estadounidense dice: “Sin nuestro apoyo, los campesinos serían más débiles para negociar alianzas justas con los industriales”. Pero de acuerdo a documentos de la investigación hecha en 2007 por la Fiscalía que fueron obtenidos por el Fondo de Investigación de The Nation Institute, las compañías palmicultoras en Chocó utilizaron estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras, muchas veces a través de fraude y coerción.

Parte de la investigación se basa en una declaración de Pedro Camilo Torres, un ex empleado de Urapalma que manejó las solicitudes de apoyo financiero entre 1999 a 2007, incluyendo la petición hecha a USAID. En su declaración, acusa a Urapalma de haber creado organizaciones campesinas “de papel” para obtener falsos títulos de dominio y acceder a fondos públicos.

El caso más emblemático de fraude involucra a Lino Antonio Díaz Almario, quien supuestamente compró 5.900 hectáreas en el año 2000, una fortuna imposible para un campesino pobre. Inmediatamente después vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Palma de Aceite de Urabá, una organización formada por Urapalma. Pero Díaz estaba muerto desde 1995, cuando se ahogó en las aguas turbias del Jiguamiandó.

El proyecto propuesto por Urapalma a USAID, de acuerdo al resumen de un reporte de ARD, se refiere a “asociaciones afrocolombianas”. Según la declaración de Torres y de testigos citados por la Fiscalía, todas las organizaciones campesinas fueron montadas por Teresa Gómez, a quien el Tesoro de Estados Unidos identifica como “gerente de finanzas” de la vasta federación narco-paramilitar de los Castaño. Dirigió al meno otras dos ONGs ligadas a los paras y es buscada por el asesinato de una líder de campesinos en la provincia de Córdoba, que reclamó la devolución de tierras incautadas por los Castaño. Llamados telefónicos y mensajes dejados al equipo de Urapalma durante meses nunca fueron contestados.

Susan Reichle, la directora de la misión de USAID en Colombia, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguroso proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es sana,” dice. Pero admite: “Me encantaría decir que el proceso es cien por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”. Sean Jones, quien encabezó los programas de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde 2006, contradice a Reichle, asegurando que la solicitud de Urapalma se estancó debido a que la compañía no cumplió con la entrega de la requerida documentación.

De acuerdo a los reportes trimestrales de CAPP, un “comité de revisión” conjunto entre USAID y ARD avanzó la propuesta de Urapalma hasta la penúltima etapa del proceso –un paso antes de la entrega del dinero- hacia enero de 2005. Roberto Albornoz, quien encabezó el programa agroindustrial de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su equipo realizó un proceso de revisión, pero nunca encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto se “congeló” en abril de 2005 sólo después de que Urapalma dejara de enviar la documentación. Albornoz dice que su equipo no supo del pasado oscuro de Urapalma hasta que apareció un artículo en la revista Semana, cinco meses después de que la propuesta fue congelada.

Consultado sobre por qué los revisores de ARD fallaron en sospechar de las actividades ilegales de la compañía, Jones hace eco de los dichos de Albornoz: “Las acusaciones sobre Urapalma no habían aparecido en la prensa en ese momento”.

Pero los desplazamientos forzosos y masacres en Urabá ya eran información pública entonces. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud de Urapalma a USAID, el diario El Tiempo reportó que “los proyectos de palma africana en el sur del eje bananero de Urabá chorrean sangre, miseria y corrupción”. El Washington Post relató la misma historia dos meses más tarde.

En cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos, representantes diplomáticos en Bogotá sonaron la alarma sobre el dominio de los paramilitares en Urabá ya en 1996. Un cable de ese año sostiene que “los Castaño han obtenido enormes ganancias de sus actividades y han sido reportados adquiriendo miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable caracteriza al creciente control paramilitar en todo el país como la creación de “estados cuasi-independientes” provocando la “feudalización de Colombia” y menciona específicamente a Urabá.

En 2003, cinco meses antes de que Urapalma solicitara apoyo financiero a USAID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos individualizó a la compañía en la colusión con paramilitares en Urabá. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Es decir, paramilitares. Soldados y paras iniciaron incursiones armadas, concluyó la corte, para “intimidar” a comunidades “ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

Albornoz dice que ARD cruza los datos de los registros de las compañías con las bases de datos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre personas vinculadas al tráfico de droga. Pero la compañía sí tenía evidentes vínculos narco: en sus papeles de registro de la cámara de comercio, Urapalma tiene entre sus inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a quienes las autoridades colombianas acusa de ser un clan con conexiones paramilitares y con vínculos con los carteles de Medellín y Cali.

Cientos de miles de dólares

Aunque USAID eventualmente congeló la propuesta de Urapalma, la agencia otorgó una donación a Coproagrosur, la compañía cuyos bienes fueron entregados por Macaco, y otra a Gradesa, que refina aceite de palma para consumo doméstico y exportación, principalmente a Estados Unidos. De acuerdo a los reportes de ARD y los documentos de USAID, la donación de la agencia a Gradesa ayudó a financiar un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, el mismo municipio de Urabá donde queda la sede de Urapalma y las tierras de Enrique Petro. USAID parece haber apoyado la participación de Gradesa en refinar aceite de palma proveniente de los sangrientos campos del Chocó.

USAID insiste en que nunca financió un proyecto de palma en Chocó. Representantes de USAID, Gradesa y ARD niegan que el proyecto tuviera actividades en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de referencias al pueblo en documentos internos y públicos. Representantes de USAID dicen que el lugar fue incluido erróneamente luego de que Gradesa equivocadamente lo mencionara en un reporte de avance.

-El error pasó inadvertido porque el mayor interés se centra en la información de hectáreas, familias, empleo y presupuesto invertido -explicó por email el encargado de prensa de USAID,

En cualquier caso, al tiempo que USAID concedía a Gradesa US$ 257.000 el 19 de diciembre de 2003, documentos corporativos muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga (Antonio y Carlos) que invirtieron en Urapalma, también se sentaron en el directorio de Gradesa. (En 1987, Carlos figuró en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano). En marzo de 2005, la Fiscalía anunció que estaba incautando la participación de Zúñiga en la empresa y presentando cargos criminales contra los hermanos por usar Gradesa para lavar narco-dólares. De acuerdo a un oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la participación era de 50%. Una reciente entrevista con el presidente de Gradesa reveló que los hermanos tenían dicho porcentaje desde comienzos de los ’90, mucho antes de la donación hecha por USAID. El caso de la Fiscalía sigue su curso en los estrados de las cortes colombianas, en el quinto intento del gobierno por fijar cargos de lavado de dinero contra los Zúñiga.

A pesar de la acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda donación a Gradesa en 2007, esta vez por US$ 400.000, como parte de un nuevo contrato a cinco año con ARD por US$ 182 millones. En una respuesta oficial por escrito, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo que como USAID no recibió ninguna notificación formal del caso contra los Zúñiga, “USAID no tenía ninguna forma de saber del vínculo entre Gradesa y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario agregó que “nada disparó las alarmas” en el proceso de revisión para el segundo financiamiento de Gradesa y que como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o administradores”, no calificaron como “receptores” de la donación. Lo cual es lógico ya que la compañía ya estaba intervenida por la Fiscalía y las acciones de los Zúñiga estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Desplazamiento permanente

La vida no ha mejorado mucho para Petro y los demás campesinos desplazados de la zona. En abril el gobierno devolvió 1.300 hectáreas –apenas el 6% de las tierras robadas- a algunos campesinos del río Curvaradó. Doce años después de que fueran forzados a partir, el resto se mantiene como desplazado. El gobierno dice que está presionando a las empresas palmicultoras para que devuelvan voluntariamente las tierras restantes, pero ya muchas veces los lugareños han escuchado ese tipo de promesas. Mientras tanto, las compañías siguen cargando camiones llenos de corozos de palma. A Petro sólo le queda una fracción de su finca, parte del cual ha convertido en una “zona humanitaria”, un campamento de chozas de madera llamado Caño Claro, habitado en los últimos años por una docena de familias desplazadas.

Más de 2.500 personas todavía sobreviven en un puñado de estas zonas humanitarias esparcidas a lo largo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pese a que ninguna es reconocida legalmente por el gobierno. En algunos casos, todo lo que separa a esos refugiados de sus tierras cubiertas de plantaciones de palma, es una sucia calle destapada con charcos y posos enormes. Estos caminos son patrullados por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del Ejército. Niños corretean alrededor de los campos con sus barrigas infladas por la enfermedad y la malnutrición, mientras sus familias claman por fuentes de subsistencia. Las represalias y violentas amenazas contra quienes demandan la devolución de sus tierras han aumentado últimamente.

Un día de octubre pasado, el líder campesino Walberto Hoyos fue ejecutado de un disparo cerca del río Curvaradó. Su cuello y su cara fueron reventados por las balas de un paramilitar. A la mañana siguiente, los residentes de Urabá se levantaron para encontrar sus pueblos nuevamente rayados con graffitis frescos y forrados de panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar. Una inquietante repetición de los eventos anunciando “La Violencia”.

*Teo Ballvé es un periodista independiente que escribe para revistas como Nacla Report, The Progressive y The Nation, medio que publicó originalmente este reportaje en inglés. El apoyo para realizar este artículo fue entregado por el Puffin Foundation Investigative Fund de The Nation Institute, con respaldo adicional de Project Word.

ADEMAS DE TODO LO ANTERIOR ….ESTAN LAS FUMIGACIONES

VENENO SOBRE LA TIERRA COLOMBIANA Y SUS HABITANTES

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junio 12, 2009 at 12:52 am

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Importantes discursos sobre la legalización que tienen vigencia a pesar de los años

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Una plática con Gustavo de Greiff Por Maria Botey Pascual

La única vía para acabar con el narcotráfico es la legalización de las drogas, es decir, la regularización de su producción y comercio. Esa es la tesis que desde casi diez años mantiene Gustavo de Greiff, ex Fiscal General de la Nación en Colombia y ex embajador del mismo país en México, quien asegura que la legalización no tiene por qué producir un aumento del consumo de drogas y en cambio sí terminaría con la violencia, la corrupción y la desestructuración progresiva de la sociedad que el narcotráfico trae consigo. Según de Greiff es justamente la prohibición de las drogas – una política que comenzó a desarrollarse con fuerza en los años 70 bajo el gobierno del presidente Nixon ante la violencia callejera provocada por la competencia entre organizaciones por los mercados de consumidores – lo que provoca esta violencia, así como que su comercio, por el riesgo que conlleva al ser ilegal, produzca enormes ganancias para los narcotraficantes y las autoridades corruptas, negocio que difícilmente va a detenerse mientras existan los consumidores. Investigador del Colegio de México en la actualidad, el ex Fiscal General de Colombia explicó en entrevista para el diario Por Esto! que fue mientras ejercía este cargo que se dio cuenta de la inutilidad de la lucha contra el narcotráfico: “La policía arrestaba narcotraficantes, desmembraba cárteles, confiscaba propiedades, destruía laboratorios, interceptaba cargamentos de droga y, a pesar de todo ello, nada ocurría en el panorama general del combate contra la droga, porque ésta seguía llegando a los mercados consumidores, entre ellos el más importante, el norteamericano. El negocio es tan próspero que desintegrado un cártel enseguida otros narcotraficantes pasan a cubrir el espacio liberado en el mercado”. De Greiff se basa en estudios de la Oficina de Control de Droga dependiente de la Casa Blanca para matizar que aunque el negocio de la droga es gigantesco, no llega a los 500 mil millones de dólares como se ha asegurado para justificar la política antidroga, sino que son unos 57 mil millones anuales lo que se gastan los consumidores americanos en drogas ilícitas o en drogas lícitas usadas ilícitamente. Producir un kilo de cocaína y transportarlo hasta Estados Unidos implica una inversión de 2 mil 500 dólares; luego el mayorista norteamericano lo mezcla con otras sustancias como talco o harina para aumentar su rendimiento y se distribuye en la calle por un valor de 20 hasta 30 mil dólares, o sea unos beneficios enormes que, sin embargo, quedan mayormente en Estados Unidos, recibiendo los países latinoamericanos implicados una parte menor de los 57 mil millones, según mencionó. Además de la violencia en las calles y la desintegración del tejido social, el narcotráfico provoca el enriquecimiento desmedido de los traficantes y también de los corruptos, destacó. ”Por ser un negocio prohibido no puede tener éxito sin la colaboración de autoridades que cierren los ojos ante el transporte o venta de droga a cambio de dinero o favores tanto en los países productores como en los consumidores, una corrupción que alcanza a individuos de todos los niveles de autoridad, desde la policía, los controles aduaneros, las organizaciones de inteligencia, los aeropuertos, los operadores de puertos marítimos y por supuesto los políticos”, comentó, y añadió que además ha sido utilizado para la compra de armas que benefician a los grupos violentos que actúan en los países de este hemisferio. De Greiff señaló la importancia de que la legalización del comercio, transporte y comercialización de la droga, para que el negocio deje de ser monstruosamente obsceno y se convierta en un negocio ordinario, que además produzca impuestos que puedan ser invertidos para el bien de la sociedad. Destacó asimismo los miles de millones que se gastan anualmente en la represión del narcotráfico, que podrían dedicarse a otros rubros. Y es que si en los últimos diez años el consumo en Estados Unidos ha permanecido más o menos estable, en el mismo periodo el presupuesto norteamericano para el combate de la droga ha pasado de mil millones a 17 mil millones y medio de dólares (o 18-19 que se piden para el 2003), lo que demuestra que la guerra contra el narcotráfico no es en ningún modo efectiva, asentó. El miedo a la legalización El doctor en Jurisprudencia y ex embajador de Colombia en México indicó que uno de las grandes dificultades para conseguir la legalización es el miedo de la población a que la droga pueda conseguirse más fácilmente y aumente el número de usuarios. Sin embargo el hecho es que aún siendo prohibida, la droga está a mano de todo individuo que la desee en cualquier ciudad de este continente, remarcó. “La droga ya está en todas partes sólo que por ser prohibida, pequeños consumidores que deberían ser tratados como enfermos, van a la cárcel (“lo que es una canallada, ya que nadie se rehabilita en la cárcel”), y la calidad del producto está deteriorada de tal forma que los elementos utilizados para adulterarla (y así aumentar su volumen e incrementar los beneficios) llegan a provocar mayores daños en el consumidor que si fuera pura, como se ha demostrado médicamente en varias ocasiones”. En este sentido, De Greiff puso el ejemplo de la legalización del alcohol en Estados Unidos, que terminó con el negocio de las grandes mafias implicadas en el negocio y no produjo un aumento en el consumo; “si acaso el consumo aumentó más adelante con los problemas psicológicos derivados de la Segunda Guerra Mundial”, sugirió. Para apoyar su tesis citó asimismo el estudio llevado a cabo en 1994 por el Colegio de Abogados de Nueva York llamado “Una vía más sabia, terminar con la prohibición”, en el que un comité de expertos (políticos, economistas, sociólogos, médicos, químicos) después de analizar la supuesta evolución del consumo en un ambiente de legalización, llegaron a la conclusión que la regularización de la producción y comercio de droga no incrementaría de manera notable el consumo, siempre y cuando la legalización se acompañara de tratamiento médico a los adictos y de campañas educativas inteligentes y honestas para disuadir del uso de drogas, “y no campañas estúpidas y engañosas como muchas de las actuales, que dicen que si fumas un poco de marihuana o pruebas dos o tres veces cocaína te vuelves adicto, ya que luego los jóvenes comprueban que no es verdad, concluyen que todo lo que se les cuenta al respecto es mentira y deciden seguir consumiendo”, comentó De Greiff. Y exhibió el ejemplo del tabaco, que a pesar de producir tanta o más adicción que la cocaína o marihuana según los científicos, ha conseguido reducirse sustancialmente su consumo a base de campañas informativas y sin provocar los daños de la prohibición, “que traería consigo también la formación de bandas de tráfico ilegal de tabaco, violencia y corrupción”. La farsa de la guerra de la droga Otra de las dificultades para la legalización de las drogas son todos los individuos que están implicados en la corrupción, sostuvo De Greiff, “que como se ha dicho están en todas las corporaciones implicadas en la represión y vigilancia, así como políticos: unos porque se les acabaría el trabajo y otros porque dejarían de recibir los beneficios del narcotráfico a través de los sobornos, o sea que se les acabaría el negocio”. De ese modo citó ejemplos que han salido a la luz pública, de policías que interceptan droga pero sólo declaran la mitad y el resto la venden, casos en que se decomisan cargamentos para liberar otras rutas por las que están pasando mayores cantidades, agentes de la DEA que denuncian lavadores de dólares mientras protegen a otros que practican la misma actividad, o políticos que se escandalizan del consumo de droga en lo moral y prometen combatir el narcotráfico públicamente, mientras reciben beneficios de la corrupción o incluso ellos mismos son consumidores. De Greiff mencionó asimismo el juego político que subyace bajo las detenciones de narcotraficantes o bajo los aseguramientos de cargamentos ilegales, que los gobiernos a veces utilizan para publicitar sus propios éxitos en el combate contra la droga y seguir justificando la política represiva al respecto, “cuando en realidad no existe tal éxito aunque apresen más y más narcotraficantes, ya que la droga sigue fluyendo en las mismas cantidades a los mercados de consumidores”. Pero el gobierno más interesado y beneficiado por la política de la guerra contra la droga y que es al mismo tiempo su gran promotor, aseguró, es el gobierno estadounidense, que ha utilizado está política para mantener subyugados a los países de América Latina, por un lado con la cuestión de la descertificación (“con la que los amenazó en múltiples ocasiones en caso de no cumplir con las condiciones que les imponen, aunque no tengan que ver con la droga, como fue el caso en 1995 cuando el embajador de Estados Unidos condicionó la certificación de Colombia a la modificación del convenio bananero con Europa”) y por otro con un intervencionismo político y militar cada vez más evidente que pretende mantener el dominio y proteger el abasto de materias primas baratas para la Unión Americana. Políticos, medios de comunicación y legalización Recordándole que en varias ocasiones distintos políticos a lo largo del continente se han pronunciado a favor de la legalización (incluso el presidente Vicente Fox una vez expresó públicamente la necesidad de que algún día se legalizaran las drogas), el ex Fiscal General de Colombia comentó que la mayoría de los políticos de Latinoamérica están convencidos de que el combate contra la droga es una farsa o es inútil: “Yo converso con muchos políticos y muchos me dicen que tengo razón, que esa es la única solución, pero que no se atreven a decirlo públicamente porque serían acusados de contactos con el narcotráfico, como me ocurrió a mí”. Cuestionado acerca de la posibilidad de que los políticos se decidan a tomar cartas en el asunto y promover lo que ven como necesario – la legalización -, De Greiff señaló que “lo que se necesita es valentía y desgraciadamente hay pocos valientes en el mundo, pero si la hubiera y sobretodo si varios países de Latinoamérica se plantaran unidos ante la farsa, sin miedo a las represalias económicas de Estados Unidos, otro gallo cantaría”. Y concretando sugirió que una forma de presionar a los políticos sería mostrando a la opinión pública el fracaso de la política antidroga represiva, “entonces el político va a tener miedo de afiliarse a una política fracasada, el político honesto o al menos el utilitarista. Al deshonesto hay que terminarle el negocio y eso es posible con la legalización”. Y es que otro de los problemas que enfrenta la propuesta de la legalización, continuó, son las grandes campañas de desinformación promovidas sobretodo por parte del más interesado, el gobierno norteamericano, en un juego en el que participan los periodistas pagados (con dinero o con información) para afirmar una y otra vez que la única solución al asunto del narcotráfico es la represión y que si se legalizaran las drogas el consumo aumentaría. “Así se entiende que incluso en Colombia, con todos los males que ha ocasionado la producción y comercialización de la droga, en una encuesta reciente sólo un 36% de la población se declaró a favor de la legalización, y eso porque les da miedo una extensión del problema de las drogas”, ilustró. Por esta razón, insistió, es necesario seguir educando a la población, mostrarle a la gente las mentiras que se dicen sobre la guerra contra la droga, mostrarle que no es cierto que se esté acabando con el narcotráfico a pesar de las continuas detenciones y decomisos, que no es cierto que la represión sea benéfica, mostrarles que la corrupción sigue extendiéndose y que la droga sigue fluyendo y está al abasto de cualquiera que la desee a pesar de la prohibición, y enseñando que para evitar el consumo son necesarias las campañas informativas para que la gente se cuide de la droga, mientras al adicto debe ofrecérsele la oportunidad de recurrir a un centro de salud y no la cárcel, ya que se ha demostrado que un tratamiento seguido de forma científica sí tiene posibilidades de éxito, aseveró. Despenalización y beneficios de la legalización Gustavo de Greiff apuntó que a pesar de los obstáculos que se interponen en el camino de la legalización – “puede que yo no lo vea porque ya tengo muchos años (es nacido en 1929), pero sé que algún día se legalizarán las drogas y se demostrará que teníamos razón” -, existen en el mundo signos alentadores como la experiencia de despenalización de Holanda, la de Inglaterra, la reciente de Portugal, la despenalización de la marihuana en varios estados de la Unión Americana y voces de varias partes del planeta que claman ya por un cambio de estrategia en relación a las drogas. Sin embargo precisó que la despenalización no es suficiente, ya que sólo evita que los consumidores vayan a la cárcel o que los vendedores encuentren un consumidor más tranquilo, pero no termina con narcotráfico ni con la corrupción actual de las autoridades, que se enriquecen de forma alarmante mientras los que sufren son los consumidores y la población en general. La solución del problema del narcotráfico es la legalización de las drogas, reiteró, y especificó que legalización no tiene porqué significar venta abierta, sino regularización del negocio, de la producción, transporte y comercialización, con permisos para cada actividad, control de la calidad del producto para que no sea adulterado y precisiones legales como no venderla cerca de las instituciones educativas, no publicitarla en los medios de comunicación, etc, siempre con el acompañamiento de campañas de prevención al consumo abusivo y de tratamiento médico a los adictos. De Greiff concluyó que de ese modo se destruiría el negocio a los narcotraficantes, se acabaría con la corrupción y la violencia criminal que la actividad ilícita conlleva, se evitaría el uso del dinero de la droga para la compra de armas, o que Estados Unidos utilice la política antidroga para mantener a Latinoamerica subyugada. “Claro que además de la presión económica directa, actualmente el gobierno de Washington cuenta con nuevas pretextos para ello….”, ironizó.

Written by edgarjaramillo

junio 12, 2009 at 12:32 am

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